La pandemia global ha afectado y reconfigurado las sociedades en múltiples aspectos. Con la situación aún por resolverse, surgen preguntas acerca del impacto que esto puede suponer para la igualdad de derechos y el avance de las políticas públicas en pos de la igualdad de género. Lo cierto es que los pronósticos negativos se están cumpliendo, ya que en muchos países la agenda de igualdad se ha paralizado por culpa de la pandemia.
Los organismos internacionales advierten que no se debe abandonar el trabajo realizado, ya que muchos avances en materia de igualdad de género no están consolidados. Desde ONU Mujeres y el PNUD se ha creado una base de datos para analizar las políticas públicas contra la COVID-19 que han sido puestas en marchas por todo el mundo. Esta iniciativa permite identificar las políticas que ayudan a afrontar los problemas específicos que sufren mujeres y niñas, como pueden ser la violencia de género, la inseguridad y/o la carga de trabajos de cuidados no pagados. Los datos muestran que menos del 20% de las medidas de protección social y económica han tenido en cuenta el enfoque de género, ya que la mayoría de medidas específicas se han centrado en combatir la violencia de género.
En esta crisis, el bienestar de las mujeres peligra más que el de los hombres, ya que además de barreras y estereotipos que dificultan su progreso, las mujeres son mayoría en sectores especialmente afectados por la pandemia, como la restauración y la hostelería. Con el fin de comprender cuál es la percepción de la ciudadanía, la asociación FOCUS 2030 ha publicado el estudio “Expectativas ciudadanas a favor de la igualdad de género: una guía para el cambio”. En él se puede encontrar un buen resumen de la voluntad de actuar de la ciudadanía para conseguir la igualdad.
Entre los principales ámbitos de acción, la opinión pública se centra en la lucha contra la violencia de género, la paridad en los salarios, el aumento de la participación femenina en todo tipo de tomas de decisiones, así como la igualdad de oportunidades y la seguridad en todos los ámbitos.
Entre los puntos positivos que se desprenden de este informe, es importante recalcar que la ciudadanía mostraría su apoyo a la inversión económica en favor de la igualdad. Además, la mayoría de encuestados respaldarían medidas y compromisos políticos, así como una serie de mecanismos para asegurar su cumplimiento. A modo de reflexión final, el estudio apunta a la necesaria implicación de las autoridades para implementar acciones concretas y transparentes que den respuesta a las demandas ciudadanas.
Existen múltiples maneras de seguir luchando contra la desigualdad de género, que van desde las medidas fiscales y el impulso de los sistemas de cuidados accesibles para todos hasta las medidas para asegurar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Como es evidente, todas estas medidas deberán ser estudiadas previamente y adaptadas a los países donde se apliquen. Sin embargo, parece claro que la sociedad civil reclama cambios duraderos y tangibles, que tengan en cuenta los imperativos sanitarios pero que trabajen para avanzar en el camino de la igualdad de género. Hay que consolidar los avances realizados y seguir trabajando para conseguir otros nuevos.