La Constitución de 1978 abrió un periodo democrático en España tras 40 años de dictadura. Desde entonces, han sido 10 legislaturas con una Cortes democráticas que han tenido la potestad de legislar diferentes iniciativas para tratar de construir y mejorar un sistema de gobierno.
Como es sabido, la crisis económica que se inició en 2008, ha sido una etapa en la que ha aflorado lo mejor y lo peor del país. Ahora que parece que lo peor ya ha pasado, las consecuencias tienen diferentes lecturas a tener en cuenta. Una de ellas es, sin duda, la situación de los jóvenes en España y las terribles dificultades para acceder al mercado laboral. Parece que las nuevas generaciones son los más vulnerables cuando suceden este tipo de situaciones económicas.
Lo mismo sucedió en la década de los ochenta cuando en las zonas con marcado carácter industrial, como en el norte de España -de gran arraigo en el sector minero y siderúrgico-, se vieron incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos y todo lo conocido hasta entonces se derrumbó precipitadamente.
Pero volvamos a echar un vistazo a las sucesivas crisis económicas que ha vivido este país y, lo que es más interesante, a analizar cómo se han comportando los políticos ante esas situaciones en las Cortes. La conducta de los gobernantes en esta materia no es muy halagüeña.
Además de que la atención por parte de nuestros dirigentes solo se haya producido en un contexto de crisis económica, cuando nos hemos visto sumergidos en ésta, las medidas -en forma de Proposición No de Ley-, por diferentes motivos no han acabado en buen puerto.
En otras palabras, cuando la situación económica era propensa a establecer unas pautas que permitiesen a las nuevas generaciones coger el relevo laboral, no se hizo gran cosa. Solo cuando los números estatales flaquearon, los jóvenes volvían a la palestra del parlamento.
La primera Proposición No de Ley registrada fue en 1988 con el objetivo de crear un plan para el empleo juvenil. A ésta le sucedieron dos más ese mismo año y, también tuvieron el mismo final que la primera. Es decir, fueron rechazadas en las Cortes.
La segunda tiene otro carácter diferente pero que también afectó a los jóvenes. Fue en 2001 en el marco de la derogación del Servicio Militar Obligatoria (SMO) que se sucedió en primer lugar en 1996 y, de manera definitiva, el 1 de enero de 2002. El grupo Socialista, instó al Gobierno que elaborara un plan para la empleabilidad de los jóvenes ante la inminente desaparición del SMO para dotar a las nuevas generaciones de un empleo ante la ausencia del mismo. “Al menos la mitad de los puestos que actualmente están ocupados por objetores, 60.000 en concreto, deben ocuparse por jóvenes, hombres y mujeres, mediante la realización de un plan de empleo juvenil que contribuya a facilitar la emancipación de la juventud español”, finalizaba el portavoz del Grupo Socialista el señor Velasco. Esta propuesta también fue rechazada por el Gobierno.
Las iniciativas parlamentarias restantes se han sucedido en el contexto económico actual y de cuyas consecuencias todos somos conscientes. Tres en 2012 y dos más en 2013. Todas por el Grupo Socialista y todas han quedado en el tintero. No han sido presentadas en el pleno.
En definitiva, podemos extraer dos conclusiones inequívocas. Una de ellas es que la situación laboral de los jóvenes solo se lleva a las Cortes en tiempos de crisis, cuando las respuestas pueden estar limitadas por el contexto económico. La segunda es que las Proposiciones No de Ley emanadas exclusivamente por un único partido político han fracaso por diferentes razones.
Nunca ha habido un gran consenso en torno a esta materia. Y, ahora, que la necesidad es imperante y que estamos ante una de las crisis más importantes en la historia moderna de la humanidad, es preciso remarcar la importancia de consensuar entre todos los grupos políticos unas políticas públicas que empiecen a poner coto a esta problemática del desempleo juvenil, catalogada por algunos sociólogos como la ‘peste del siglo XXI‘.
